Batalla legal. Entidad bancaria quiere que Sunat deduzca del pago de impuestos lo que gastó en la defensa y la buena imagen del ex presidente Dionisio Romero cuando este fue enjuiciado por haberse reunido con el ex asesor Montesinos.
El Banco de Crédito del Perú (BCP) interpuso una demanda contra laSuperintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) porque esta institución rechaza que el banco haya deducido del pago de impuesto a la renta correspondiente a los años 2004, 2005 y 2006 los gastos que, según el BCP, hizo para contratar abogados y asesores de imagen que requirióDionisio Romero cuando resultó denunciado por presunto tráfico de influencias, debido a que sostuvo una reunión privada con el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos.
De acuerdo con la Sunat, Romero actuó de manera personal y por cuenta propia; en consecuencia, el banco no tenía por qué correr con los gastos de su defensa. Según la defensa del BCP, el ex presidente intervino a favor y en beneficio del banco, por lo que le correspondía contratar abogados para enfrentar el proceso judicial que devino por dicha cita con el entonces consejero del jefe de Estado.
Voceros del BCP informaron a La República que no harían comentarios sobre el caso por políticas de la empresa, que no autoriza referirse a procesos judiciales en curso. En el caso de la Sunat, apeló a la reserva del juicio. Empero, este diario consiguió copias del expediente en que se acreditan los argumentos de ambas partes.
Reunión provechosa
En un principio, el Poder Judicial le dio la razón al BCP.
El 29 de mayo de 2012, la jueza Martha Hinostroza falló a favor del banco, peroSunat y el Tribunal Fiscal apelaron, por lo que el caso pasó a la jurisdicción de la Primera Sala Contenciosa Administrativa de la Corte Superior de Lima, la que revocó la sentencia de Hinostroza, el 23 de mayo de 2013. El monto gastado por el BCP en la defensa y en la imagen de Romero alcanza los 6 millones de soles. La deuda con Sunat asciende a más de 10 millones de soles, más intereses.
La defensa del BCP interpuso un recurso de casación contra dicho fallo desfavorable.Ahora debe resolver la Sala de Derecho Constitucional y Social, que preside la magistrada Janet Tello Gilardi.
El 16 de julio de este año, después de la presentación de las partes, la Sala dejó al voto el fallo.
En esa fecha, al momento de intervenir el abogado defensor del BCP, Juan Monroy Gálvez, sostuvo que Dionisio Romero se reunió con Montesinos en su condición del presidente del directorio, con la expresa finalidad de abogar por un caso judicial que el banco requería que resultara favorable para sus intereses.
Debido a un caso por narcotráfico, la justicia intervino al grupo empresarial pesqueroHayduk y se disponía a rematar sus bienes, lo que colocaba en situación de riesgo una cuantiosa inversión del BCP en el conglomerado.
Romero quería que Montesinos dispusiera que un magistrado que había embargado a Hayduk designara como administradores judiciales a cuatro personas que el dueño del BCP consideraba de su confianza. De esta manera, estos evitarían el hundimiento de Hayduk y el banco recuperaría sus recursos financieros.
“El BCP aprovechó –es decir, obtuvo provecho– de la gestión que realizó Dionisio Romero ante el asesor presidencial Montesinos. En efecto, porque como consecuencia de esta gestión, los cuatro profesionales propuestos por Romero fueron nombrados judicialmente como administradores de Hayduk. Esto permitió que estas empresas funcionara normalmente y que el BCP le pudiera cobrar su acreencia que alcanzaba un valor aproximado de 15 millones de dólares”, argumentó Monroy en el recurso de casación cuya copia obtuvo La República.
El mismo razonamiento repitió Monroy en la audiencia del 19 de julio: “Montesinos, en ese entonces asesor principal del presidente (Fujimori) y, obviamente, era una persona muy involucrada en los destinos de las decisiones del Poder Judicial. (…) Montesinos hace lo que tiene que hacer, y sabemos que lo hacía muy bien”, expresó Monroy.
El abogado del BCP fue un poco más gráfico.
“¿Cuál fue el aprovechamiento (del banco)? (Dionisio Romero) fue (al SIN), conversó (con Montesinos), lo filmaron, le pidió que colocara a cuatro administradores para que conduzcan el grupo (Hayduk) y que no remataran (los bienes). Finalmente, el banco cobró los 15 millones de dólares. Esa fue la gestión”, precisó.
Monroy concluyó que si Romero actuó ante Montesinos a favor del BCP, entonces el banco estaba obligado a cubrir los gastos que demandó la defensa de este al haber sido procesado por el presunto delito de tráfico de influencias, así como el coste de la asesoría de su imagen dañada por la divulgación de la reunión que mantuvo con Montesinos.
Infracción constitucional
Los abogados Reynaldo Bustamante y Francisco Ruíz de Castilla, que ejercieron la defensa de la Sunat, contradijeron lo sostenido por la representación de BCP.
Expresaron que Dionisio Romero actuó de manera personalísima, puesto que recurrió a un mecanismo extrajudicial para conseguir que un magistrado tomara una decisión en beneficio del banco.
“Independientemente de la condición que tenía cuando se entrevistó con Montesinos, lo que hizo (Romero) fue una infracción constitucional (…), un comportamiento inconstitucional no puede sustentar un gasto deducible del pago al impuesto a la renta”, arguyó Bustamante.
Ruíz de Castilla fue más explícito: “En ninguna ley se dice que es facultad de los acreedores (BCP), o de terceros (Dionisio Romero), intervenir en una materia que está reservada por norma para los jueces. No era necesario que una persona recurriera al juego de influencias de Montesinos.
Claves
Juan Monroy persistió en la audiencia en que la intervención de Romero ante Montesinos fue fundamental para que el banco no perdiese US$ 15 millones. “Se generó en una renta a favor del banco”, concluyó.
Dionisio Romero no recibió condena por su reunión con Montesinos, gestión que ayudó al BCP a recuperar US$ 15 millones, según su defensa.
Escribe: Ángel Páez
Fuente: Diario La República
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