El Centro LIBER pide publicidad de las cartas intercambiadas entre Perú y Chile sobre la denuncia de espionaje. Un juez resolverá. ¿Por qué la PCM esconde sus compromisos con las comunidades nativas?
El Centro LIBER solicitó ayer legalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores copia de la correspondencia oficial intercambiada entre Perú y Chile a raíz del caso de espionaje denunciado por la administración de Ollanta Humala. Los mandatarios de ambos países han dado por zanjado el incidente. Por lo tanto, no existe ningún impedimento legal para que esta información sea de conocimiento público, conforme ha sido solicitado por diversas personalidades, incluido un ex canciller.
Una de las condiciones que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública impone para levantar la reserva de un archivo oficial es que no forme parte de alguna negociación en curso del Estado. Otra limitación es obvia: que no afecte la seguridad nacional. La Cancillería tiene, pues, de acuerdo a ley, siete días para responder en un sentido negativo o afirmativo a la solicitud.
—Es inexplicable que la Cancillería no haya publicado su correspondencia con Chile respecto del espionaje —dijo Julio Arbizu, director ejecutivo de LIBER, un organismo de apoyo jurídico a la libertad de expresión—. El abogado admite que es posible que el gobierno decida continuar ocultando las cartas. En ese caso LIBER recurrirá a un juez constitucional, quien deberá decidir si esta reserva se mantiene. “Aunque a contramarchas, el Poder Judicial está haciendo cumplir la Ley de Transparencia ante inexplicables actitudes de ocultamiento de información pública por parte del gobierno”.
RECONTRAINEXPLICABLE
Uno de los casos a los que alude Arbizu es, más que inexplicable, recontrainexplicable. Fue la decisión de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de declarar reservadas las actas de compromiso que suscribió el Estado con las comunidades nativas del país. Como reveló un artículo de Christopher Acosta, de la revista PODER, esta fue la decisión adoptada por la PCM ante un pedido de acceso a la información pública formulado porJosé Arrieta, un abogado del Centro LIBER.
El pedido partió de interrogantes elementales ante la conflictividad social existente. Dado que muchas comunidades protestan contra el gobierno por un supuesto incumplimiento de sus compromisos, todos los cuales fueron suscritos públicamente, ¿no es oportuno revisar los documentos para comprobar si se cumplen o no? ¿O para hacerse una idea de la magnitud y viabilidad de estos acuerdos?¿No es preventivo de un conflicto social que el examen de los pactos también sea hecho por terceros —la prensa, las ONG, universidades— y no solamente por los comprometidos?
Bajo este ánimo, y sin poner en duda que la PCM accedería a su requerimiento, Arrieta pidió copia de las actas de compromiso entre los representantes del gobierno y los pobladores de Pichanaki suscritas en febrero del 2015, así como acuerdos con comunidades campesinas de 2012, 2013 y 2014. Pidió también, por si acaso la PCM lo tuviera, cualquier informe oficial que indicara el grado de cumplimiento de los compromisos.
EL LADO OSCURO
De acuerdo con Arrieta, la PCM le contestó pidiéndole precisiones: ¿respecto de qué acuerdos referidos a cuáles reclamaciones quería actas? El abogado envió como respuesta una relación de conflictos y sus correspondientes compromisos. En realidad era una tabla tomada de un informe denominado Willaqniki —en quechua 'el que avisa'—, elaborado por la propia PCM para reportar la acción del Estado ante la conflictividad social. Arrieta pensó que todo estaba en orden, pero recibió un oficio indicándole que su solicitud había sido denegada.
En su carta de negativa, la PCM arguyó que las solicitudes de información se relacionaban con procesos de diálogo en curso. Por lo tanto, correspondían a negociaciones del Estado protegidas por las excepciones previstas en la Ley de Transparencia. La respuesta chocaba grotescamente con la verdad. Pues las actas se referían a compromisos ya cerrados, que en su momento fueron públicos. ¿Cómo explicar que en una dependencia de los capitanes de la burocracia estatal se produzca una distorsión tan grave de una obligación básica de la administración pública? Esta respuesta de la PCM fue emitida poco antes de que asumiera el premierato Pedro Cateriano. Porque fue en marzo del 2015, durante el periodo de Ana Jara, cuando las solicitudes fueron rechazadas.
UN TIRO PENAL
LIBER presentará una acción de Hábeas Data ante un juez. ¿Cabe esperar una rectificación por parte de la administración del actual premier, antes de la intervención judicial?
Aunque en muchos sentidos Pedro Cateriano no parece el mismo de cuando ejercía la cartera de Defensa, en temas de transparencia están por confirmarse sus actitudes definitivas. El nuevo ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, es notoriamente alguien de su elección, pero su trayectoria ha sido principalmente la de defensor de los intereses corporativos militares en el Poder Judicial y en el sistema interamericano.
Su antecesor, Daniel Figallo, intentó inútilmente que Humala aprobara una Autoridad de Cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública —que es letra muerta— pero no encontró apoyo en el presidente. En la última reunión de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, en diciembre del 2014, Figallo se comprometió a gestionar la aprobación de este organismo. Hasta su renuncia no pudo. De acuerdo con diversas fuentes, ni Humala ni Cateriano están interesados en aprobarla. Adrianzén no pensará algo distinto.
El ministro de Justicia, por el contrario, ha anunciado una iniciativa para establecer sanciones penales contra los funcionarios estatales que usen la información pública con fines políticos. Juristas consultados para esta nota coinciden en afirmar que ya existen tipos penales para sancionar esa conducta: abuso de autoridad y peculado de uso. Roberto Pereira dijo: “¿Por qué mejor el Gobierno no investiga y denuncia a los que cometieron esos delitos hasta hace poco en vez de proponer modificaciones absurdas al Código Penal?”.
DECISIÓN INMINENTE
En ese contexto, las novedades de transparencia procederán del Poder Judicial. El martes 28 de abril, el juez Hugo Velásquez, del Quinto Juzgado Constitucional, celebró una audiencia pública para que los litigantes en una causa resonante tomaran la palabra. Por un lado, Julio Arbizu, del Centro LIBER, que pidió acceder a los correos electrónicos que contuvieran información de interés público, enviados y recibidos por el ex ministro de Energía y Minas Eleodoro Mayorga. La solicitud proviene de un barullo político aparecido en agosto del 2014. Mails hackeados por Anonymous al primer ministro René Cornejo revelaron presuntas interferencias empresariales en la gestión del portafolio de Mayorga, quien lo negó hasta su renuncia. Cuando LIBER solicitó los correos electrónicos a un juez, luego de que Energía y Minas se negara a proporcionarlos, la defensa del Estado se opuso. Es la otra parte en el proceso.
Según el procurador público Octavio Rodríguez, todos los mails de los buzones electrónicos de los ministros son información reservada. El procurador, sin embargo, expuso estos motivos por escrito, pues no se presentó a la audiencia pública. El juzgado también ha aceptado la intervención de la Defensoría del Pueblo en el proceso, pidiéndole expedir un informe. “Vamos a defender el derecho de acceso a la información pública”, dijo un vocero de la institución. La decisión del juez se conocerá en un mes, y puede ser una vuelta de tuerca en muchos sentidos.
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