La ley del empleo juvenil distorsiona el mercado, privilegia a unos sobre otros y favorece el fraude y la trampa.
El gobierno ha logrado unificar a las distintas fuerzas de la oposición. Ha sacado, además, a organizaciones sindicales de un estado catatónico. El oficialismo enfrenta ahora un vendaval de críticas. Seguramente dirá que es resultado de la concentración de medios. La verdad, sin embargo, es que él solo se ha disparado a los pies.
El gobierno quiere establecer un régimen especial para los jóvenes de entre 18 y 24 años que carecen de empleo formal. Quienes se oponen a la norma han sido eficaces en la comunicación. Queda la impresión de que la ley quita derechos, en cuanto a vacaciones y gratificaciones, por ejemplo.
La ley del empleo juvenil pretende bajar los costos de emplear a un joven sin capacitación. Pretende no afectar a los jóvenes que ya cuentan con un empleo formal.
Como todo régimen especial, sin embargo, esta ley crea distorsiones. Dispone de mecanismos para evitar que un trabajador sea despedido para contratar uno con menos beneficios. Sin embargo, no impedirá que ocurran reemplazos de otra manera.
Imaginemos a un joven cuyo contrato anual con beneficios completos vence a principios del 2015. El empleador, simplemente, no lo vuelve a contratar. Tiene ahora la posibilidad de contratar a otro joven, con menos beneficios.
La ley no impide que los empleadores dejen de renovar contratos a los jóvenes de baja calificación laboral. La ley prohíbe la recontratación bajo los nuevos términos, de manera que alienta a la no renovación.
¡Pero la ley da incentivos para capacitación!, dirá uno de sus defensores. A lo que habrá que replicar: el empleador que va por los incentivos obviamente no necesita capacitar a sus trabajadores.
Cuando alguien busca incentivos, se abre la puerta del fraude. De pronto surgirán capacitaciones no necesarias, o capacitaciones difíciles de verificar.
Esas capacitaciones por incentivos no tendrán nunca un valor de mercado. Habrán sido promovidas a la luz de la renta otorgada por el gobierno, no por requerimiento productivo de la empresa.
El subsidio que dará el Estado en la contribución para Essalud será tomado por quienes se quieran aprovechar. Sobrinos, primos y compadres de 18 a 24 años firmarán una planilla y obtendrán una seguridad social sufragada por el fisco.
Pero la mayoría de empleadores, se dirá, no son tan deshonestos. Hagamos una encuesta de cuántas veces se recurrió a este fraude en el Congreso de la República y tendremos una clara muestra de lo que puede suceder.
El saldo de los beneficios reales que se obtendrá de esta norma legal es muy pobre. El gobierno, a pesar de ello, lucha a brazo partido en defensa de la misma. La pregunta es si tan épica batalla valdrá la pena.
La ley del empleo juvenil distorsiona el mercado, privilegia a unos sobre otros, favorece el fraude y la trampa, y no sirve para mucho en términos de empleo total.
El gobierno debe volver a estudiar el tema. Y si no le alcanzan las luces, debe dejar en manos del Congreso la solución a este embrollo que él solo ha creado.
- Federico Salazar
- Periodista
- Diario El Comercio
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